El pasado 3 de agosto, el Consejo Superior Universitario (CSU) se reunió de manera virtual para una jornada extraordinaria de tres horas y quince minutos, enfocada en evacuar los informes de la administración que habían quedado pendientes y resolver temas clave de infraestructura y normatividad institucional.

Finanzas e infraestructura: Entre logros de gestión y alertas de ejecución

El informe de gestión de junio, presentado por la vicerrectora administrativa Catalina Martínez, destacó hitos importantes para la dinámica académica: 2,303 graduados en el periodo 2026-1, la realización de un claustro docente con más de 200 asistentes y una sólida participación en las admisiones 2026-3, que registraron 12,941 inscritos y 4,083 admitidos. Asimismo, en el frente financiero, se reportó que el recaudo del Fondo Común alcanzó el 50.34%, mientras que los recursos de la Ley 1697 (Estampilla Pro-Unal) lograron una ejecución del 92% ($5,150 millones) destinados a permanencia y TIC.

Sin embargo, el panorama presupuestal también dejó fricciones. Aunque la ejecución de inversión se ubicó en un 16.19% ($8,492 millones de $52,000 millones disponibles) debido a procesos en etapa precontractual, el representante de los egresados, Carlos Rodríguez, fue enfático al señalar desacuerdos con los reportes al afirmar: "Nosotros no aceptamos los informes por varias razones... bienestar no hizo proceso de empalme, lo mismo que la oficina de infraestructura".

En materia de espacios físicos, el informe de la Comisión Tercera reveló que la Universidad logró sumar 1,295 m² adicionales en 2026 con un incremento moderado de $71 millones mensuales gracias al uso de sedes ya dotadas. No obstante, se reconocieron retos críticos, como el retraso de 3 meses en el cronograma del edificio de laboratorios de Ingeniería (que avanza en un 51%) y los problemas con los ascensores, cuyo proceso de reparación se ha declarado desierto dos veces, obligando a evaluar una contratación directa por urgencia. A esto se suma la liquidación del convenio con la Universidad del Atlántico para la sede Hyundai por incumplimientos en los diseños.

Pacto de Concurrencia y contratación

Uno de los puntos más esperados de la sesión fue el avance del Pacto de Concurrencia. La administración confirmó que el cálculo actuarial por $62,678 millones (para 326 pensionados) ya cuenta con el visto bueno del Ministerio de Educación, quedando a la espera de que el Ministerio de Hacienda firme el pacto. Por otro lado, la representación estudiantil puso sobre la mesa la preocupación por las demoras en la contratación de personal de laboratorios y docentes de vinculación especial al arrancar las clases, así como la situación operativa de agrupaciones artísticas como el coro y la tuna.

Vía libre para debatir el futuro de la Asamblea Universitaria

En el terreno normativo, el debate giró en torno al reglamento interno del CSU y al futuro de la Asamblea Universitaria —instancia que actualmente cuenta con 103 miembros con voz y voto—. Ante la insistencia de los estamentos por definir el marco para que este espacio funcione de manera continua, el CSU acordó que el proyecto para modificar el reglamento de la Asamblea Universitaria se incluirá para debate y votación oficial en la Sesión Ordinaria de agosto de 2026.

Con los informes administrativos sobre la mesa y los preparativos listos para discutir la reorganización de la Asamblea Universitaria, el CSU cierra un ciclo de control político y financiero, fijando su atención en las decisiones estructurales que marcarán el rumbo de la Universidad en la segunda mitad del año. Desde el Foro Abierto, continuaremos haciendo veeduría a cada uno de estos acuerdos.