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Promover, impulsar, aunar, continuar, desarrollar y fortalecer, son los verbos que caracterizan las buenas intenciones del Plan Decenal de Educación 2016-2026 que el Ministerio de Educación Nacional presenta al país, y que en algunos apartes habla de "asegurar", pero no define acciones concretas que permitan vislumbrar, en la práctica, un cambio efectivo y real del sistema de educación colombiano.
 
Con más de un año de retraso, y mucha inconformidad, por lo menos, de parte de los sectores especializados en educación superior que dieron aportes, el documento (que trae El Observatorio) no tiene ningún compromiso novedoso ni significativo, por lo menos en lo que de educación superior se trata.
 
Vale recordar que el texto del Plan Decenal de Educación no tiene fuerza de Ley, por lo que no obliga a los gobiernos a seguirlo (así ha sucedido con las dos versiones anteriores, que enumeran loables propósitos aún no cumplidos en su totalidad). Además, llega en un muy mal momento. Probablemente tendría más impacto si se hubiera consolidado hace más de un año, cuando el actual gobierno aún tenía margen de maniobra, pero cuando ya se cuentan las semanas para su finalización y arranca la campaña política, es difícil que tenga el impacto esperado.
 
Además, porque tampoco trae una estrategia realmente novedosa o de impacto directo sobre todo el sistema, y por el contrario está lleno de buenas intenciones y de escenarios comunes.
 
Llama la atención la preocupación por tratar de magnificar la educación como un derecho, aunque en la práctica esto no se da en el país en cuanto a educación superior se trata.
 
El texto es insistente en el tema. Inicia diciendo que "La educación está consagrada como un derecho fundamental en Colombia. El artículo 67 de la Constitución Política la define como un servicio público que tiene una función social, que busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura".
 
Pero en educación superior, claramente, no existe dicho reconocimiento, y el documento pretende mostrar -erróneamente- que el hecho de que la cobertura haya aumentado es una muestra del reconocimiento de dicho derecho.
 
El nuevo Plan presenta 10 lineamientos estratégicos para el decenio, que bien pudieran ser adoptados por cualquiera de los candidatos a la Presidencia, por su carácter de descripciones genéricas y de no fácil concreción.
 
- Primer Desafío Estratégico: Regular y precisar el alcance del derecho a la educación.
 
- Segundo Desafío Estratégico: La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación.
 
- Tercer Desafío Estratégico: El establecimiento de lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles.
 
- Cuarto Desafío Estratégico: La construcción de una política pública para la formación de educadores.
 
- Quinto Desafío Estratégico: Impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado la educación hasta el momento.
 
- Sexto Desafío Estratégico: Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida.
 
- Séptimo Desafío Estratégico: Construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la ética y equidad de género.
 
- Octavo Desafío Estratégico: Dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la educación.
 
- Noveno Desafío Estratégico: La importancia otorgada por el Estado a la educación se medirá por la participación del gasto educativo en el PIB y en el gasto del gobierno, en todos sus niveles administrativos.
 
- Décimo Desafío Estratégico: Fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimiento en todos los niveles de la educación.