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Aunque ningún rector ni expositor del el foro internacional "Retos y perspectivas sobre la autonomía universitaria", organizado por la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, con motivo de la celebración de sus 60 años, lo ha dicho en estos términos, la conclusión clara es que las acciones, explícitas o veladas del Estado, a través de sus ministerios de Educación y de Hacienda, y las políticas promovidas por el Ejecutivo a través del Legislativo, tienen "sitiada" la autonomía de las universidades, a tal punto que -en cada vez más casos- son los jueces de la república los que están incidiendo más que los propios consejos superiores.
 
Y no solo por casos explícitos, como por ejemplo lo ocurrido en la UNAD durante la adminstración de Gina Parody, y en elq ue todas las actuaciones imprudentes, negligentes o intencionadas del Ministerio fueron desmontadas, una a una, por los órganos de control y el Consejo de Estado, sino también por formas que han hecho carrera y que limitan la independencia, como por ejemplo, la escasez presupuestal y la gran incidencia del Ejecutivo en los Consejos Superiores, donde tienen -en las universidades públicas- el 33% de los votos asegurados.

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Eso dice la ministra Yaneth Giha frente al reclamo, insistente y mayoritario de los rectores, por su problema financiero, agravado con el desvío de recursos de estas IES para el Icetex y el programa Ser Pilo Paga.
 
El punto es que la ministra no dice qué se hará, cuándo y cuántos serán los recursos que se entregará al sistema público.
 
“Se piden más recursos para la educación pública, están pidiendo recursos legítimos, que siempre querremos más en nuestro país, tenemos que seguir haciendo esfuerzos para fortalecer el sistema como un todo, una estrategia única no es suficiente. Todo lo que hagamos para fortalecer la educación pública, también apoyando a los jóvenes para entrar a la educación privada, será fundamental", dijo Giha.

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Promover, impulsar, aunar, continuar, desarrollar y fortalecer, son los verbos que caracterizan las buenas intenciones del Plan Decenal de Educación 2016-2026 que el Ministerio de Educación Nacional presenta al país, y que en algunos apartes habla de "asegurar", pero no define acciones concretas que permitan vislumbrar, en la práctica, un cambio efectivo y real del sistema de educación colombiano.
 
Con más de un año de retraso, y mucha inconformidad, por lo menos, de parte de los sectores especializados en educación superior que dieron aportes, el documento (que trae El Observatorio) no tiene ningún compromiso novedoso ni significativo, por lo menos en lo que de educación superior se trata.
 
Vale recordar que el texto del Plan Decenal de Educación no tiene fuerza de Ley, por lo que no obliga a los gobiernos a seguirlo (así ha sucedido con las dos versiones anteriores, que enumeran loables propósitos aún no cumplidos en su totalidad). Además, llega en un muy mal momento. Probablemente tendría más impacto si se hubiera consolidado hace más de un año, cuando el actual gobierno aún tenía margen de maniobra, pero cuando ya se cuentan las semanas para su finalización y arranca la campaña política, es difícil que tenga el impacto esperado.

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Igual que sucedió con Cecilia María Vélez, cuando fue ministra de Educación de Alvaro Uribe Vélez, la actual titular de esa cartera, Yaneth Giha, propone hacer una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, a fin de reformar el modelo de asignación de recursos.
 
La ministra también busca que los beneficiarios de Ser Pilo Paga sean objeto del nuevo modelo de ingreso contingente, según el cual estos deberán retornar los valores invertidos en su formación, a medida que ingresen al mercado laboral.
 
Según el gobierno Ser Pilo Paga se mantendría como está actualmente y se busca un proyecto de ley, trabajado con algunos rectores, no solo para que sea política pública, sino también para asegurar que este nuevo modelo aplique para las próximas generaciones. Así mismo, se contemplan como otras opciones: Limitar el valor de las matrículas, y el número de cupos en privadas.
Tres veces ha propuesto el presidente Santos convertir Ser Pilo Paga en una política de Estado (desde el año 2015), sin que a la fecha exista un proyecto de ley, concreto, salvo una iniciativa particular de algunos parlamentarios, que sigue su curso, y comprometería aún más el presupuesto nacional.

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Además de los 136 mil millones en créditos que el Ministerio de Hacienda y la Financiera de Desarrollo, Findeter, entregaron a las universidades EAN, UPB, EIA y la Fund. Univ. de Las Américas, también se han otrogado créditos por para las universidades Central y Javeriana, por 143 mil millones de pesos.
 
En total, para las 6 IES se han desembolsado 279 mil millones.
 
“Findeter les aprueba los créditos y con recursos del Gobierno subsidiamos la tasa de interés para que estas instituciones de educación superior puedan tener ahorros importantes, recursos que pueden destinar a otras inversiones”.
 
A la Universidad Central le habían sido desembolsados $39 mil millones y ahora le fueron aprobados $29 mil 500 millones, ambos créditos para la construcción del campus Sede Centro – Edificio 1, proyecto que permitirá la creación de más de 570 empleos y generará 2.374 puestos de estudio.