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Dos señoritas periodistas de La W debían rectificar las afirmaciones contenidas en su crónica del 22 de junio. Y tenían que hacerlo como una obligación moral, ética y legal. En cambio, el 29 del mismo mes auspiciaron nuevos infundios contra la Universidad Distrital, sin recato alguno respecto del daño que le causan a esta última.
 
A propósito de la moral, debe recordarse que es hoy el universo de valores que definen la búsqueda de la verdad. Por su parte, la ética reivindica el respeto por las reglas en un ejercicio profesional recto, de acuerdo con los principios del oficio. Por último la Constitución y la ley condenan informaciones u opiniones públicas que lesionen la honra y el buen nombre de las personas.
 
Los hechos indicaban que no había asomo de corrupción en el caso del que se ocupaban las cronistas; y ni siquiera aparecía un indicio sobre una sustracción de recursos públicos (he ahí el punto de la verdad). Por otro lado, las reglas del periodismo ordenan escudriñar en las pruebas y además contrastar diversas fuentes y opiniones, algo que de haberse hecho hubiera abierto las puertas para levantar unos interrogantes, que de seguro habrían alzado muros de contención contra la ligereza ofensiva para calificar un hecho. Finalmente, la Corte Constitucional es suficientemente clara en precaver a los medios contra cualquier información que lesione el buen nombre de las personas.
 
Pues no escucharon a la moral, tampoco a la ética y menos a la legalidad. De haberlo hecho, de haber conocido los referentes de acción en estos campos, hubieran enmendado las informaciones sesgadas y reconocido la circunstancia de que no es posible confundir con la corrupción, el atraso de unos pagos en un contrato del Servicio de Extensión de la Universidad, por culpa de terceros que no han hecho los giros correspondientes, a los que están obligados, según el correspondiente contrato de interventoría.
 
No enmendaron y ni siquiera remendaron. Empeoraron el despropósito. Habían prometido más descubrimientos a propósito de la inexistente corrupción; y en lo que ya parece una ordalía mediática, se limitaron a ofrecer los micrófonos, sin contra-preguntas, sin análisis crítico, sin contextualización y sin pruebas, a algunas personas interesadas en criticar a la Universidad. A lo cual tienen derecho, ni más faltaba; solo que lo hicieron sin razón motivada alguna, de carácter factual o jurídica o lógica.
 
Así, un estudiante afirmó que no estaban garantizadas ni financiadas las prácticas académicas, lo cual no es cierto de ningún modo. La Vicerrectoría Académica ha mostrado con hechos y con datos que están aseguradas hasta el final del año.
 
A su turno el profesor, un docente de contrato vinculado a la Facultad de Artes ASAB habló de su situación y de la de sus colegas de vinculación especial, en el sentido de que llevan años sin pasar a la condición de profesores de planta. Para nadie es un secreto que las universidades públicas tienen unos profesores de planta y otros de contrato. Es un régimen mixto que obedece tanto a las necesidades académicas como a los recursos financieros. Y cada institución pone en marcha su política en esta materia con arreglo a su autonomía. En consecuencia, no se trata de una situación que pueda ser causa de denuncia o de estigmatización.
 
En realidad, nadie entiende cómo gentes que pertenecen a la Universidad se prestan para las campañas negativas, de carácter mediático; ni tampoco que lo hagan con medias verdades o con afirmaciones carentes de fundamento.
 
Quizá lo hagan para auto-legitimarse, solo que lo hacen afectando la ética de la verdad, lo cual termina por hacer más excluyentes los vínculos sociales, contaminados por la desconfianza y la falta de credibilidad
 
Por otra parte, el muy apreciado director de La W, haría bien en poner filtros de calidad a las colaboraciones de algunos de sus periodistas, quiénes mediante exageraciones, post-verdades o descontextualizaciones dañan la buena fama de una institución y afectan de paso el buen nombre de los miembros de la comunidad, alertados como están en el sentido de liquidar cualquier tentativa de corrupción y clientelismo.
 
Sistema Integrado de Comunicaciones 
Fuente de información: Rectoría
Universidad Distrital Francisco José de Caldas