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El Consejo Privado de Competitividad (CPC), que reúne 42 grandes organizaciones del país, entre ellas 6 IES (CESA, Javeriana, Andes, Rosario, EAFIT e ICESI) presentó su Informe Nacional de Competitividad (INC) 2016-2017, que proporciona información actualizada y pertinente sobre el estado de algunas de las áreas que se consideran críticas para la competitividad del país, entre ellas la educación.
 
El CPC hace 12 recomendaciones para el sistema de educación terciaria, especialmente dirigidas a favorecer la articulación de los subsistemas. También llama la atención que pide la creación de la Superintendencia de Educación, mismo ente al que las universidades privadas no le caminaron cuando se contempló.
 
Las 10 recomendaciones son:
 
1) Incrementar los recursos para el acceso a la educación superior y enfocarlos en el fortalecimiento de las apuestas productivas regionales.
2) Potenciar el involucramiento del sector empresarial en la academia.
3) Rediseñar las mesas sectoriales del SENA.
4) Brindar acompañamiento académico y vocacional a los jóvenes en riesgo de deserción.
5) Incluir la pertinencia y el desempeño laboral como criterios para la acreditación de alta calidad de los programas.
6) Certificar en calidad los programas ofertados por las instituciones de FTDH y el SENA.
7) Crear una Superintendencia de Educación.
8) Articular el SNET con la Política de Desarrollo Productivo.
9) Incorporación y evaluación de competencias transversales.
10) Desarrollar diagnósticos que permitan la identificación de brechas de capital humano y el establecimiento de planes de acción para su cierre en las regiones.
11) Fomentar una competencia sana entre el SENA y otras entidades.
12) Reformar el sistema de financiamiento de la Educación Superior.
 
El siguiente es el detalle de las recomendaciones del CPC
 
Para enfrentar con éxito los retos de la educación terciaria en Colombia, es fundamental estrechar las relaciones entre la academia y el sector empresarial. Según un estudio de la firma consultora McKinsey, los países más exitosos en materia de pertinencia y calidad de la educación tienen en común la cercanía que han logrado establecer entre el sector empresarial y la academia, incluso desde niveles tempranos de la vida educativa de los estudiantes como la educación básica secundaria y media (Mckinsey, 2012). De acuerdo con la tipología presentada por el CPC, el PNUD y la CAF (2015), el sector empresarial colombiano enfrenta dificultades que se podrían categorizar en brechas de cantidad (por déficit de oferta o demanda de programas), brechas de calidad (en competencias básicas y específicas) y brechas de pertinencia (falta de articulación entre el sector productivo y la academia) (CPC, PNUD & CAF 2015).
 
Coordinación público-privada. Incrementar los recursos para el acceso a la educación superior y enfocarlos en el fortalecimiento de las apuestas productivas regionales.
 
Las brechas de cantidad se explica en parte por el bajo número de aplicantes y por la ausencia de competencias relevantes de los aspirantes a plazas laborales (ManpowerGroup, 2015). En ese sentido, los distintos programas de becas financiados con recursos públicos deberían condicionar o incentivar la elección de carreras relacionadas con las apuestas productivas regionales y nacionales. Dado que las brechas de cantidad más sustanciales se encuentran en carreras técnicas y tecnológicas, se debería fomentar la demanda de este tipo de programas; la orientación socio-ocupacional en la educación media cobra especial relevancia para que los estudiantes se decanten por estas alternativas.
 
La materialización del Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) también puede contribuir a esto, pues uno de sus objetivos es que la formación técnica y la tecnológica dejen de ser consideradas como opciones educativas de menor categoría frente a la formación universitaria (Ministerio de Educación, 2016). Los programas de becas también deberían contemplar alguna clase de contraprestación para los beneficiarios, bien sea en dinero contingente al ingreso una vez se gradúen, o con el regreso a sus regiones de origen por un tiempo determinado.
 
En este mismo sentido, es clave que, además del Ministerio de Educación, otras entidades públicas con responsabilidad en materia de formación, como el SENA o Colciencias, se articulen con los actores locales que lideran trabajos sobre apuestas productivas o iniciativas cluster (Comisiones Regionales de Competitividad, cámaras de comercio, secretarías de desarrollo económico, sector empresarial, entre otros), con el fin de elaborar estrategias para suplir la demanda de talento humano, teniendo en cuenta el MNC.
 
Coordinación público-privada. Potenciar el involucramiento del sector empresarial en la academia.
 
Es necesario que el sector empresarial comience a establecer relaciones de largo aliento con las instituciones educativas de secundaria y media, pues esto podría potenciar el interés de los jóvenes por estudiar áreas afines a su actividad productiva. Incluso podría patrocinar los programas de formación de la media técnica y ofrecer empleo a sus egresados o financiarlos para que accedan a la educación superior. Así mismo, se podría comprometer con la realización de programas de formación dual en sus instalaciones, bien sea con el SENA o con otras entidades, y con el establecimiento de prácticas laborales desde los primeros semestres de la educación terciaria. Hay ejemplos de este tipo de vinculación en países como Corea del Sur, en el sector eléctrico; en Alemania, con la formación dual; e incluso en Colombia, entre empresas como IBM y el SENA. El SNET debería incluir una propuesta novedosa en este sentido, realizada por las IES en conjunto con el sector empresarial.
 
Acción regulatoria. Rediseñar las mesas sectoriales del SENA.
 
Es necesario rediseñar las mesas sectoriales que coordina el SENA, pues son espacios que buscan una articulación con el sector empresarial, fundamentalmente para la normalización. Dichos espacios deberían orientarse hacia un modelo similar al de los Sector Skills Councils del Reino Unido, con un alcance que trascienda la normalización e incentive una participación más contundente del sector productivo, y una dimensión regional a través de las Comisiones Regionales de Competitividad, tal y como lo ha recomendado el CPC en años anteriores. Esto requiere la reorganización del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (ver capítulo de Mercado Laboral).
 
Acción pública. Brindar acompañamiento académico y vocacional a los jóvenes en riesgo de deserción.
 
La deserción de estudiantes en la educación superior debe revertirse. El acompañamiento académico a los estudiantes que provienen de colegios de menor nivel académico, o en riesgo de deserción por cualquier otra razón, debería ser un imperativo en todas las instituciones de educación superior. También en este tema cobra relevancia la orientación vocacional, ya que permite a los jóvenes informarse mejor para tomar una decisión acertada sobre su futuro profesional.
 
Acción regulatoria. Incluir la pertinencia y el desempeño laboral como criterios para la acreditación de alta calidad de los programas.
 
En cuanto a calidad, según una investigación del BID (2015), en Colombia existen programas académicos que tienen un valor presente negativo, es decir, que empeoran la situación de los jóvenes que deciden estudiarlos. Dada la necesidad de revertir esto, el CPC comparte las apreciaciones de la OCDE (2016) sobre la necesidad de elevar los estándares para otorgar el registro calificado a nuevos programas, y de considerar las diferencias entre formación técnica, tecnológica y universitaria en los procesos de acreditación institucional. Para la acreditación de alta calidad de los programas se deberían considerar su pertinencia y el desempeño de sus egresados en el mercado laboral. Esto incentivaría el incremento de estándares de calidad en las instituciones, y potenciaría el acercamiento entre el sector productivo y la academia. Conviene resaltar que el SNET contempla un Sistema Nacional de Calidad en la Educación Terciaria (SISNACET), que tendría la potestad de habilitar instituciones, aprobar programas y realizar acreditaciones de alta calidad en instituciones de educación técnica y tecnológica. De concretarse, este sería un complemento ideal para el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES), el cual se concentra en carreras universitarias, pues habría un control integral sobre los programas y las instituciones que los ofertan, lo que redundaría en mayor calidad y pertinencia.
 
Acción regulatoria. Certificar en calidad los programas ofertados por las instituciones de FTDH y el SENA.
 
El SNET aspira a certificar los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida, sin importar si son producto de la educación formal, la no formal o la informal, y a favorecer la movilidad de las personas dentro del sistema educativo. Se sugiere aprovechar esto para ajustar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad e incorporar la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, de manera que la calidad de estos programas no quede descentralizada en las entidades territoriales.
 
Actualmente, el SENA adelanta voluntariamente el proceso exigido por el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la educación superior (Registro Calificado y Acreditación de Alta Calidad) en sus programas de tecnología y especializaciones tecnológicas. Esto, sin embargo, no debería ser voluntario. Los programas ofertados por esta institución deben estar sujetos a los mismos mecanismos de aseguramiento de calidad de otras instituciones de educación superior (OCDE, 2016).
 
Acción regulatoria. Crear una Superintendencia de Educación.
 
Otro aspecto relacionado con la calidad es el fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de la educación superior en el país. La Ley 1740 de 2014 había establecido un plazo de un año para que el Ministerio de Educación presentara al Congreso de la República un proyecto de ley mediante el cual se crearía la Superintendencia de Educación. Sin embargo, el Ministerio no presentó el proyecto y decidió fortalecer su Subdirección de Inspección y Vigilancia. Es necesaria la creación de una Superintendencia de Educación, planteada también en el Acuerdo por lo Superior 2034, pues garantizaría que el Ministerio no fuera juez y parte en los procesos de inspección, vigilancia y fomento de la educación superior.
 
Coordinación público-privada. Articular el SNET con la Política de Desarrollo Productivo.
 
En materia de pertinencia, es vital que el sector empresarial fortalezca su relación con la educación terciaria y participe más activamente en la definición y estructuración de programas. Se recomienda, entonces, que el Ministerio de Educación articule la construcción del SNET con el Conpes de Política de Desarrollo Productivo, teniendo en cuenta las apuestas productivas de los departamentos y del país que se establecen en el marco de este. Esta recomendación cobra mayor relevancia en la priorización de pilotos para la construcción del MNC, pues lo deseable es que estos coincidan con las apuestas productivas departamentales. Actualmente, el Ministerio del Trabajo y la Fundación Corona avanzan en una homologación conceptual alrededor del tema de brechas de capital humano, con el objetivo de establecer una relación más fluida entre el sector empresarial y la academia, lo que allanaria este camino.
 
Coordinación público - privada. Incorporación y evaluación de competencias transversales.
 
El sector empresarial no solo requiere conocimientos específicos en las áreas de trabajo, sino también una serie de habilidades, características y comportamientos transversales que permitan un mejor desempeño laboral de las personas. El DNP, a través de la Mesa de Competencias Transversales, ha avanzado en su definición: “Las competencias transversales pueden definirse como una serie de cualidades, disposiciones y procedimientos adquiridos que se demuestran en el plano del comportamiento y se desarrollan en una persona a lo largo de la vida. Dichas habilidades están integradas por características de la personalidad, desarrollo social, manejo y uso del lenguaje, actitudes y otras particularidades cruciales que definen a una persona en diferentes ámbitos”. Aunque esto es un avance, se debe seguir trabajando en los mecanismos de incorporación y evaluación de este tipo de competencias en la educación terciaria.
 
Acción pública. Desarrollar diagnósticos que permitan la identificación de brechas de capital humano y el establecimiento de planes de acción para su cierre en las regiones.
 
El Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI) debe institucionalizar a nivel regional, a través de las Comisiones Regionales de Competitividad, el desarrollo de diagnósticos que permitan la identificación de brechas de capital humano y el establecimiento de planes de acción para su reducción, mediante mecanismos como los propuestos por el CPC, el PNUD y la CAF (2015). Además, estos ejercicios deben dotarse del presupuesto y las herramientas técnicas necesarios para garantizar su puesta en marcha, periodicidad y sostenibilidad. Para lograr esto es fundamental que el Comité Intersectorial de Gestión del Recurso Humano (CIGERH), que hace parte del SNCCTI, tenga interlocución directa con las regiones y asesore técnicamente los planes de acción que implementen para cerrar sus brechas de capital humano.
 
Acción regulatoria. Fomentar una competencia sana entre el SENA y otras entidades.
 
El CPC ha insistido repetidamente en que el país debe fomentar la competencia entre el SENA y otras instituciones de formación técnica, tecnológica y FTDH, con miras a aumentar la calidad de la oferta de programas de este tipo en el país. En este sentido, se propone fortalecer el financiamiento directo de la demanda a través de vouchers para el programa de formación continua especializada, que se centra en el reentrenamiento y la certificación laboral, con fondos provenientes de los aportes parafiscales que hace el sector privado al SENA y recursos propios de dicha entidad. Estos vouchers podrían ser entregados a los trabajadores o a las empresas, para ser redimidos en instituciones distintas al SENA o en establecimientos que tengan alianzas institucionales con este. Esta última alternativa ya está siendo implementada a través de la “Ampliación de Cobertura”, que opera a nivel nacional con instituciones de educación superior y de FTDH. Sin embargo, hace falta que esto se convierta en una política sostenible y de largo plazo. El Ministerio de Educación también debe promover el fortalecimiento de otras entidades técnicas y tecnológicas del país, de forma que puedan competir sanamente con el SENA y elevar, por esta vía, la calidad y la pertinencia de la educación terciaria. Pero ello no significa que se deba financiar la matrícula de estas entidades con los recursos ordinarios del SENA para programas de formación, pues esto podría limitar el acceso a la educación de personas en situación de vulnerabilidad o que habitan en zonas apartadas de la geografía nacional.
 
Acción regulatoria. Reformar el sistema de financiamiento de la Educación Superior.
 
Finalmente, es necesario replantear el actual sistema de financiamiento de la educación superior. Según la OCDE (2016), “la mayor parte de las transferencias nacionales a las instituciones de educación superior está basada en asignaciones históricas establecidas hace dos décadas. Si bien la matrícula se ha quintuplicado durante este periodo, las asignaciones no han evolucionado y no reflejan el número de estudiantes ni abordan los cambios o diferencias importantes en los costos por estudiante en todas las instituciones y programas”. Aunque la Ley 1697 de 2013 (que creó la Estampilla pro-Universidad Nacional y otras universidades públicas) y la extensión de los ingresos provenientes del CREE (impuesto a la renta) han permitido la inversión en infraestructura educativa, estos mecanismos legales no corrigen las fallas estructurales del financiamiento. Es fundamental que el SNET contemple un sistema de financiamiento más robusto y equitativo, que incentive el mejoramiento en calidad y pertinencia.